El primer caso ocurrió el pasado 4 de enero, cuando un asesinato a puñaladas fue el punto final de la tortura a la que una turba de Turbaco había sometido a un toro durante las fiestas de corralejas. Apenas diez días después, en Buenavista, Sucre, una multitud descuartizaba vivo a un caballo herido por un toro en el mismo tipo de evento. Los dos vídeos despertaron la indignación en las redes sociales. La expresión “indignación en las redes sociales” suele implicar que nada pasó después.
“Antes de presentar los vídeos a la audiencia tuvimos que pedir disculpas. Aunque frente al tribunal se habían expuesto todo tipo de crímenes ecológicos, las imágenes de lo ocurrido en Colombia estaban entre las más violentas”, explica Andrea Padilla.
Estudiante del doctorado de Derecho en la Universidad de los Andes y representante en Colombia de la fundación Animanaturalis, Pradilla fue junto al grupo de acciones públicas de la Universidad Javeriana y el colectivo Abogados por los Animales la responsable de preparar y presentar el caso de las corralejas colombianas frente al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, reunido en París como uno de los eventos alternativos a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, COP21.
“En nuestra argumentación insistimos en que esos dos casos son particulares por su extrema violencia y porque fueron filmados, pero que más allá de eso son representativos de una violencia hacia los animales que no solo es legal, sino socialmente aceptada. A partir de ese argumento, el tribunal aceptó abrir la puerta a denuncias que tengan que ver con el maltrato animal”, señala Pradilla. “Hasta ahora el enfoque había sido más bien hacia la conservación del medio ambiente en general o al menos de ecosistemas enteros”.
La contaminación causada por Chevron-Texaco en Ecuador y por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México; los proyectos de minería de carbón en la Gran Barrera de Coral en Australia y la expansión de la explotación de gas por fracturación hidraúlica (fracking) en Estados Unidos, son algunos de los casos que el tribunal ha tomado desde su creación en el 2014, cuando la instancia transnacional se constituyó con el objetivo de garantizar el respeto a la Declaración Universal de los Derechos de la Tierra. Presidido en sus inicios por la ambientalista y premio nobel alternativa Vandana Shiva, el tribunal tiene carácter permanente y una o dos veces al año se reúne en pleno para aceptar nuevos casos e informar los alcances en aquellos en los que trabaja. Entre sus miembros están Osprey Orielle Lake, directora de la sección estadounidense de la Red de Cambio Climático; el líder de los pueblos navajo Tom Goldtooth y el sociólogo belga Francois Houtart, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Para la periodista Amélie Mougey, especialista en temas ambientales y movimientos ecológicos, “como ocurrió en su momento con el Tribunal Rusell-Sartre para los crímenes durante la Guerra de Vietnam, este tipo de espacios tienen un importante peso en la opinión pública, pues demuestran que la sociedad civil es capaz de llenar una carencia en la justicia creada por el desinterés o el franco rechazo de las justicias nacionales a la ahora de abordar ciertos temas”.
La sesión en la que fue presentado el caso colombiano estuvo presidida por el abogado ambientalista Cormac Cullinan. Entre los nuevos casos puestos a consideración del Tribunal estuvieron además el proyecto de extracción de Gold Corporation en Rosia Montana (Rumania) y los daños ambientales ocasionados por Shell en el delta del río Níger en Nigeria.
“Basamos nuestra presentación en varios puntos de la Declaración de los Derechos de la Tierra, que son afectados con la realización de las corralejas”, señala Pradilla. “En particular aquellos que incluyen dentro de la definición de ‘ser’ a todas las criaturas y les reconocen el derecho a existir y ser respetados”.
Entre los elementos de la declaración invocados por Pradilla, el que puede abrir más posibilidades en el futuro es el literal k. del artículo 3, que habla de “promover y apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los seres que la componen, acorde con sus propias culturas, tradiciones y costumbres”.
“Precisamente porque nos deja en claro que las ‘tradiciones’ deben respetar la Tierra, que es llamada aquí ‘madre’ en coherencia con la inspiración indígena detrás de la declaración”, explica Pradilla, que lamenta que si bien en la recién aprobada Ley 172 se contemple como delito el maltrato animal, aún se conserven las excepciones sustentadas en la tradición, tal y como ocurría en la precedente ley 84 de 1984. “Si nuestro caso continúa por el buen camino, sería muy difícil que quienes defienden los espectáculos violentos que involucran animales siguieran invocando la ‘tradición’, ya que para el tribunal ésta no puede estar por encima del ‘respeto’”.
Ahora que el caso ha sido aceptado, el Tribunal puede conformar una comisión que se dedique exclusivamente a su investigación, o pedir nuevas pruebas en una de las sesiones regulares. La canadiense Terisa Turner, quien fuera consejera de la ONU en temas de energía, acompañará a Pradilla y el resto del equipo colombiano durante las siguientes etapas, cuyo cronograma será definido próximamente.
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