El costoso esquema para descontaminar el río Bogotá se definió desde hace 22 años y los cuantiosos recursos que requiere no solo saldrán de las arcas de la Nación, el Distrito y el Departamento de Cundinamarca, sino también del bolsillo de los usuarios de la capital. Pese al tiempo que ha pasado y las órdenes de los altos tribunales, el plan aún sigue desfinanciado.
Según el esquema de saneamiento y el cronograma, sería a partir del 2017 cuando la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) comenzará a aplicar a los usuarios un recargo en la tarifa del alcantarillado, para financiar la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) que contempla el esquema. (Lea: Pese a contaminación, río Bogotá sigue siendo hogar de más de 800 aves)
Pero esta y otras cuentas que se proyectaron para ejecutar el programa no le cuadran, por lo menos, a la Contraloría General, que lanzó recientemente un campanazo de alerta en un informe de seguimiento, al advertir que ni “hay claridad sobre la totalidad de los recursos que se requieren para cumplir el esquema” , ni tampoco vale lo que hasta ahora se ha calculado.
Para la Contraloría, el saneamiento del río ya no cuesta los 6 billones 299.289 millones de pesos proyectados en el Conpes del 2004. A precios de hoy, la ejecución del plan ascendería a 9 billones 279.084 millones, un 47 por ciento más de lo estimado, dijo. Es casi lo que cuestan hacer ocho troncales de TransMilenio o más de media línea del metro.
En cambio, el Departamento Nacional de Planeación registra unas cuentas menores, de 5,9 billones de pesos.
Cualquiera que sea la cifra, lo cierto es que si antes el esquema estaba desfinanciado –se hablaba entonces de más de medio billón de pesos–, ahora el hueco financiero sería mayor. La Contraloría precisó que el déficit asciende a 4,7 billones de pesos, el 51 por ciento del monto total requerido para mejorar las aguas de un río que, para el Ministerio de Ambiente, tiene un grado de contaminación 8, en una escala de 10. (Lea: En un 90 por ciento avanzan obras de adecuación del río Bogotá)
Tampoco quedó una partida específica nueva para este saneamiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pero ratificó que el 50 por ciento de los recursos recaudados por sobretasa ambiental al impuesto predial de Bogotá deben destinarse para mejorar el río, dijo el director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, Alfred Ballesteros.
Plantas costosas
El esquema de saneamiento que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ratificó hace un año el Consejo de Estado, contempla, como infraestructura principal, dos plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar): una en el noroccidente de Bogotá (Salitre), que ya existe y será repotenciada, y otra nueva en el sur (Canoas), que se construirá en Soacha y se complementará con una estación que le elevará las aguas 40 metros de altura para que las pueda tratar.
Tan solo estos tres proyectos (las dos Ptar y la estación elevadora) demandarán inversiones superiores a los 3,4 billones de pesos.
Estas plantas se esperaba que entraran a operar en el 2017. Es cuando la EAB proyecta empezar a cobrar el recargo en la tarifa del alcantarillado por cuenta de la descontaminación del río.
Pero todo indica que ninguna de las plantas estarán para el 2017. La ampliación de la Ptar Salitre finalizaría en el 2019, y la Ptar Canoas, al terminar el 2020. (Lea: Descontaminar el río Bogotá pasó de $ 6,2 billones a $ 9,3 billones)
Por el momento, se ha avanzado en la licitación para contratar las obras de la Ptar Salitre, que aumentará su capacidad de tratamiento de 4 metros cúbicos por segundo de agua a 7,1.
La CAR acaba de cerrar el proceso para adjudicar las obras por 390 millones de dólares (unos 931.000 millones de pesos), al que se presentaron los consorcios Expansión Ptar Salitre y Aguas del Salitre, integrados por constructoras de Francia, Grecia, España y Colombia.
Estos trabajos, de hecho, se financiarán con la plata del impuesto predial que pagan los bogotanos. Porque el Distrito, de tiempo atrás, le gira a la CAR el 7,5 por ciento del total de este gravamen. A la fecha, en el fondo Cuenta para el Río hay 800.000 millones de pesos. Serán transferencias que seguirán hasta el 2040. (Lea: En revisión, cuánto vale sanear el río Bogotá)
En el caso de la planta Canoas, por ahora, el Acueducto de Bogotá ha avanzado en la contratación de la ingeniería de detalle de la primera fase de las dos que tendrá este proyecto. Los diseños finalizan en febrero del 2016.
Para hacer esta obra, se necesita licencia ambiental. Para ello, el Acueducto debe presentar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) un estudio del impacto de la planta, lo que hará en junio del 2016. La construcción de la primera fase durará cuatro años y sería para que trate 9 metros cúbicos por segundo de agua residual.
Pero esta obra, que es la columna vertebral del esquema, no tiene aún cierre financiero y es, precisamente, la que más vale: en Planeación figuran las dos etapas con un costo cercano a 1,8 billones de pesos. En las cuentas del Acueducto ya va en 2,5 billones, y la primera fase valdría 1,2 billones.
Las partidas para esta planta tendrán que entrar a discutirlas nuevamente el Acueducto y la Nación, pues aunque hay un acuerdo de voluntades sobre los aportes, difieren sobre el monto que girará la Nación para este proyecto.
La polémica estación
La otra obra, a la que se opuso inicialmente el Distrito, es la estación elevadora y cuesta 327.000 millones de pesos. La financiará el Acueducto por orden del Consejo de Estado y estos trabajos se contratarían en junio del 2016.
Emgesa, a su vez, por orden del Consejo de Estado, tendrá que financiar la operación y mantenimiento de la estación elevadora. Pero aquí habría otro lío. Emgesa espera, como contraprestación, que la CAR le extienda, después del 2018, la concesión de aguas del río Bogotá para generar energía. La Corporación aún no ha entrado de fondo a estudiar esta solicitud de Emgesa.
De ahí que, por ahora, las cuentas para financiar el esquema no están claras y requieren actualizarse. Y es lo que va a revisar el consejo para la cuenca del río que se creó por orden del Consejo de Estado y que preside el Ministerio de Ambiente. Lo que sí está claro en el cronograma es que los usuarios tendrían que también meterse la mano al bolsillo para pagar la descontaminación del río, desde el 2017. Eso no ha cambiado en el esquema de financiación.
Lento cumplimiento del fallo
Un año después del fallo del Consejo de Estado que conminó a la Nación, el Distrito, el Departamento de Cundinamarca, a un total de 19 entidades y 47 municipios a salvar el río Bogotá, cumpliendo con un plan para descontaminarlo al 2020, varias órdenes no se han cumplido. Una de ellas es que en el término de seis meses el Ministerio de Ambiente debía presentar al Congreso el proyecto de ley para crear la gerencia de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y el Fondo Común de Financiamiento (Focof).
En cambio, sí se conformó el Consejo estratégico de la cuenca hidrográfica del río Bogotá (Cech), que coordina y optimiza los proyectos y ante el cual se deben presentar todos los planes y actividades que se ejecuten como parte del plan de saneamiento. El asesor del Ministerio de Ambiente Ricardo Rodríguez, quien hace las veces de gerente del río Bogotá, dijo que el citado proyecto no se ha presentado porque se trabaja con expertos y notables el anteproyecto que será la carta de navegación para sanear el río. Agregó que el consejo estratégico se viene reuniendo para avanzar en la ejecución del fallo. “Cumplirlo tiene sus pasos y sus tiempos”, expresó. Mientras tanto, la CAR ha avanzado en la adecuación hidráulica de 45 km del río, de 68,8 km previstos para este año.
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