Reino Unido lleva años incumpliendo los límites de contaminación atmosférica que impone la legislación europea. Los habitantes de ciudades como Londres, Leeds o Birmingham respiran aire sucio, y las últimas estimaciones oficiales muestran que, de seguir así, continuarán haciéndolo al menos hasta 2030. Pero ahora el Gobierno británico está legalmente obligado a diseñar medidas para luchar contra la elevada contaminación de sus urbes, que provoca cada año miles de muertes prematuras: el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial del país, ha dictaminado, por unanimidad de los cinco jueces, que debe poner en marcha nuevos planes antes de que acabe el año.
Esta insólita sentencia llega después de cinco años de lucha de los activistas de ClientEarth, una ONG británica de abogados medioambientales que decidieron recurrir a los tribunales ante la inacción de su Gobierno. “La contaminación atmosférica mata a decenas de miles de personas cada año en este país. Los ciudadanos tenemos derecho a respirar aire limpio y si las autoridades no hacen lo suficiente por garantizarlo, si no se puede confiar en ellas, hay que recurrir a la justicia”, señaló Alan Andrews, abogado de ClientEarth, a EL PAÍS.
La sentencia no solo obliga a elaborar nuevos planes de calidad del aire; también a que sean ambiciosos y eficaces, opina Andrews. Y se tienen que poner en marcha rápido, en cuestión de meses. Será una de las primeras tareas del Gobierno que salga de las urnas el próximo día 7.
“Esta decisión sienta un precedente muy importante en toda Europa y facilita el camino a otras organizaciones que quieran denunciar. Además anima y quita el miedo a los tribunales a sentenciar contra un Estado”, opina Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Su organización también ha llevado a los tribunales a las autoridades españolas por la contaminación atmosférica, sin éxito por ahora. “Estaremos encantados de ayudar a otros”, afirma por teléfono Andrews. “Ya tenemos una red de organizaciones ambientales por toda Europa con la que estamos trabajando”.
La legislación europea —directiva de calidad del aire (2008/50)— permite una media anual máxima de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que agrava problemas de salud como el asma y las alergias, y que procede principalmente del tráfico. Ese límite es de obligado cumplimiento desde 2010 y la normativa prevé sanciones en caso de superación de los límites. Ni Reino Unido ni otros muchos países europeos, entre ellos España, los respetan, y por ello se enfrentan a posibles multas millonarias de Bruselas.
La contaminación atmosférica es la primera causa medioambiental de muertes prematuras en la Unión Europea. Un estudio presentado el año pasado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) señalaba que la polución del aire causa casi medio millón de muertes prematuras al año.
0 comentarios:
Publicar un comentario