En las siguientes semanas, la instalación petrolera de la empresa británica BP arrojó más de tres millones de barriles de crudo al mar.
El impacto del accidente, que habría sido ecológicamente muy grave en cualquier parte del mundo, se convirtió también en una catástrofe económica para BP al amenazar con contaminar la costa sureste de Estados Unidos y poner a la empresa en la mira de demandas multimillonarias que aún se disputan en los estrados judiciales.
El accidente se tornó en una hemorragia financiera que aún no termina para una de las empresas de energía más grande del mundo.
Desde Texas hasta Florida, los balnearios del sur estadounidense sufrieron un verano de 2010 en el que cientos de miles de turistas dejaron de acudir a sus playas, pensando que iban a estar anegadas en crudo.
La contaminación causada por el desastre aún se registra hoy en día, con ocasionales avistamientos de pequeñas cantidades de crudo en distintas partes del litoral.
Al final, las playas directamente afectadas por manchas de crudo fueron posiblemente menos que las que se temía en un primer momento.
Y los científicos todavía discuten sobre el impacto de largo plazo que ha tenido la contaminación sobre la industria pesquera, otro de los baluartes económicos de la región del Golfo en Estados Unidos.
Pero nadie discute el impacto negativo que el accidente tuvo sobre la economía de una extensa región de Estados Unidos.
Lo que a su vez desató una batalla legal de dimensiones épicas.
Miles de millones
Incluso en una de las sociedades más dadas a los litigios en el mundo, como lo es Estados Unidos, el caso del derrame de BP resalta por la complejidad y los montos involucrados en las reclamaciones que exigen que la empresa británica compense a grupos y personas que se dicen afectados.
En un sitio web montado por la petrolera para informarle al público de su respuesta ante el accidente, BP asegura que ya ha pagado cerca de US$27.000 millones por el derrame.
Esto incluye US$14.000 millones en gastos asociados con la respuesta inmediata al derrame y la limpieza de las playas.
Y también se extienden a US$13.000 millones en compensaciones que BP ha pagado a miles de personas, organizaciones y entidades gubernamentales que acudieron a la empresa asegurando que el derrame los había afectado en su bolsillo de un modo u otro.
El plazo para que más personas reclamen estas indemnizaciones expira el próximo 8 de junio.
Estas indemnizaciones a particulares damnificados por el derrame han generado a su vez una cascada de pleitos adicionales, pues BP asegura que muchas de las reclamaciones eran fraudulentas.
Según su sitio web, más de US$20 millones en pagos por daños ficticios ya han resultado en cargos y condenas por fraudes.
En el mismo sitio web BP alega que hasta US$500 millones fueron pagados a personas que no tenían derechos reales a todas esas compensaciones.
¿Negligencia?
Pero los problemas económicos de la petrolera no paran ahí.
Otro juicio civil actualmente en curso en Nueva Orleans podría obligar a BP a pagar una suma adicional que podría llegar a US$13.000 millones para remediar el daño ambiental causado en muchos segmentos de la costa suroriental estadounidense.
Un juez de primera instancia encontró en 2014 que BP había actuado con "negligencia" en la plataforma petrolera, lo que habría llevado al desastre del Deepwater Horizon.
La firma británica rechazó entonces la decisión y apeló a un tribunal superior que está por decidir.
En enero pasado, el presidente de BP, Bob Dudley, le dijo a la BBC que la empresa tenía pasivos asociados al desastre por un valor de US$44.000 millones.
"Hemos tratado de hacer lo correcto, cumplir con nuestras obligaciones", le dijo Dudley entonces a Kamal Ahmed, editor económico de la BBC.
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